viernes, 7 de marzo de 2008

EL ACUERDO DE CONVIVENCIA. Cuestiones de Régimen, Código, Reglamento.

El tèrmino institución remite a lo que està establecido, reglamentado, lo que nos recuerda la cuestión de la disciplina, entendida como la regulación del comportamiento para posibilitar el alcance de los objetivos que la institución se propone y nos propone. Es por ello que tenemos que recobrar conciencia de que no habrìa instituciones posibles sin leyes o normas que regulen las relaciones de los sujetos entre sì. Esta cuestión en no pocos discursos pedagògicos ha ido centrándose en la consideración de la norma como excluyente y exclusivamente represiva, consideración incompleta, ya que si bien la norma tiene un carácter restrictivo, delimitado por las prohibiciones y lo no permitido, ofrece tambièn seguridad y protección. Esto, que para muchos adultos es tan difícil de aceptar, lo tienen en claro los niños: en sus juegos, parten de convenir reglas y reglamentos (delimitan la cancha, establecen lo prohibido y lo aceptable, distribuyen roles, fijan espacios y tiempos, determinan la conducta a seguir ante las transgresiones...). Luego, disfrutan del juego, posible gracias a las reglas.
La norma es expresión de racionalidad y de libertad, por eso educar no es imponer una serie de reglas disciplinarias sin un sentido. La educación de la libertad está en relación con el sentido del deber. Se trata, en definitiva, del uso de la recta razón y de la recta voluntad en los alumnos.
En la escuela, el deber de convivencia se justifica en el deseo solidario del proyecto común. Se trata de cumplir ciertas normas porque facilitan el camino hacia el fin determinado.

Sin embargo, al acercarnos a la realidad de cada institución, solemos encontrar que no siempre es así. Muchas veces las normas no pueden justificarse en función de algún valor importante, e incluso algunas de ellas pueden fomentar un antivalor. Por eso, antes de emprender la difícil y ardua tarea de redactar el Reglamento de Convivencia, conviene analizar los usos y costumbres que se fueron estableciendo por tradición, para ver el sentido de esas normas no escritas que suelen seguirse. Para ello, puede intentarse encontrar cuál es el valor que justifica la existencia de cada una.
Justamente, no debe olvidarse que si los alumnos no captan los valores que hay detrás de los comportamientos que se les exige, difícilmente cumplirán con ellos. Por lo tanto, se deben instrumentar modos de participación en la elaboración o revisión de la normativa. Este es un importante campo para la acción tutorial.
Otra tarea previa es la consideración de que la autoridad de los profesores se apoya en el hecho de que están defendiendo y protegiendo algunos valores que son reconocidos y asimilados por los alumnos. Por ello es importante reflexionar acerca de la forma en que los mismos profesores viven la normativa, y la forma en que orientan y exigen a sus alumnos que la cumplan.

La normativa de la convivencia debe incluir las tareas que debe realizar cada uno de los integrantes de la comunidad educativa como tal, y en relación con el resto. Es lo que solemos llamar Manual de Misiones y Funciones. Por ejemplo, las distintas tareas de los profesores, especificàndolas en relación con los directivos, los preceptores, el personal auxiliar y administrativo y los demás compañeros, por una parte, y con los alumnos por la otra.

Si bien hay diferentes maneras de entender el reglamento de convivencia, lo más conveniente parece centrar la atención en los comportamientos que son exigibles.
El reglamento de los alumnos debe recoger los comportamientos que se espera que realicen para permitir una convivencia adecuada. También pueden detallarse algunos comportamientos que estén prohibidos, sobre los que no se quiere dejar dudas.
Después de decidir si se van a incluir los deberes y derechos de los alumnos, o sólo los deberes (lo que no parece legìtimo, aunque de la lectura de los reglamentos vigentes en las escuelas se desprende que es la posición generalizada), conviene elegir la manera de estructurar el reglamento y sistematizar los comportamientos. Por ejemplo, suele ser una buena opción agrupar los comportamientos de acuerdo con zonas, es decir:
· La clase.
· El comedor.
· Zonas de recreo.
· Los pasillos.
· Instalaciones especiales.

También es conveniente tomarse el tiempo necesario para que el escrito no resulte demasiado breve. Piense que el reglamento no es para llevarlo encima todos los días, sino que por lo general se convierte en un documento de consulta en casos de conflicto. Por lo tanto, es necesario que se atiendan todos los aspectos en los que es conveniente establecer acuerdos (recuerde lo dicho acerca de los conflictos previsibles).
Por la misma razón el lenguaje debe ser claro y conciso, sin dejar lugar a dudas o ambigüedades respecto de los comportamientos deseables o punibles. A este respecto, conviene tener en cuenta que, cuanto menor edad tengan los alumnos, más detallado debe ser el reglamento. A mayor edad, será posible la simple enunciación de criterios que permitan respetar las normas sin hacer referencia específica a ellas.
Respecto del contenido, es preferible darle un enfoque positivo, que indique lo que se permite y lo posible, antes que un enfoque negativo centrado en las prohibiciones. Esto no significa que a veces no sea necesario establecer una serie de prohibiciones, sino que el tono general del documento debe ser positivo. También es conveniente hacer referencia a los valores que significan estos comportamientos.

El tema de las sanciones merece un apartado especial. Es muy común que, por tratarse de un tema tan antipático, no se planteen durante la elaboración del reglamento, lo que termina convirtiéndose en un verdadero problema cuando ocurre una transgresión y no hay acuerdos acerca del procedimiento a seguir y de la medida que corresponde tomar.
La primera cuestión es si conviene que las sanciones sean automáticas (a determinado hecho, determinada sanción) o es màs prudente tener en cuenta las circunstancias. Continuando con la línea que he seguido al tratar el desarrollo del juicio moral, me atrevo a sugerir que las sanciones sean personalizadas lo máximo posible y se reserven las sanciones automáticas para casos muy especiales, como cuando una conducta se ha generalizado de tal modo en una clase que lo más formativo es establecer una sanción para el grupo. Aunque, como se ve, esto no es en realidad un caso de sanción automática, sino que también se sopesaron las circunstancias.
¿A què me refiero al sugerir que las sanciones sean personalizadas? A tener en cuenta que la moralidad de un acto no se juzga por sus consecuencias, sino por su intencionalidad, el medio utilizado para alcanzarla, y con consideración de las circunstancias en que tuvo lugar. Estos tres elementos deben ser analizados en el momento de juzgar una acciòn negativa. Si sometemos nuestro análisis al juicio de la prudencia (que indica suspender el juicio hasta contar con toda la información necesaria para tomar la decisión acertada, lo exactamente opuesto al pre-juicio, que juzga imprudentemente por no basarse en información cierta y suficiente), seguramente no siempre optaremos por sancionar, y muchas veces elegiremos orientar (no olvidemos que estamos en una escuela, y nuestro compromiso es educar, no reprimir).
La segunda cuestión es la fuerza formativa de la sanción, por lo que se deben evitar las “venganzas” o sanciones reactivas. Dentro de esta cuestión, y a riesgo de ser redundante, vuelvo a afirmar que estoy convencida de que la mayoría de las pequeñas transgresiones cotidianas pueden manejarse mediante el sistema de orientación o tutoría, y seguirse de una acciòn reparatoria.
Como tercera cuestión, es conveniente que se indiquen los tipos de sanción que se pueden utilizar en caso de necesidad, y su progresión para los casos de reincidencias.

Ahora sòlo queda poner manos a la obra. Permìtame unas ùltimas sugerencias pràcticas.

1. El Proyecto Educativo de nuestra institución debe ser un conjunto con identidad, pero no podemos obviar que emerge de lo diverso. El Reglamento o Acuerdo de Convivencia, como parte integrante de èl, debe dar cuenta de esta pluralidad. Por ello, es necesario que todos los integrantes de la comunidad educativa participen en su elaboración. ¿Còmo hacer posible la participación, sin caer en un asambleìsmo estéril?
Teniendo en cuenta que existen diversos niveles de participación, por lo que si bien es imposible que todos participen en la toma de decisiones, sì puede haber algún tipo de participación posible para cada uno. Este proceso se verà allanado si en nuestra institución ya estaba funcionando alguna estructura de òrganos internos de representación de distintos grupos: Cooperadora o Grupo de Padres, Centro de Estudiantes o Cuerpo de Delegados de Curso, Consejo Consultivo, Departamentos Docentes por materias afines o por ciclos (según el nivel educativo), etc. Si hasta este momento no los habìa, serìa importante comenzar a organizarlos. La elaboración de acuerdos acerca de la convivencia es una interesante tarea inicial para convocar su creación.
El nivel màs bajo de participación es la información. Respetar este derecho de todos significa que toda la comunidad estè enterada de que vamos a iniciar este trabajo, què es lo que pretendemos lograr, quiènes estàn invitados a participar directamente de la elaboración, a travès de què medios pueden hacer llegar sus sugerencias, y mantenerlos en conocimiento de los avances que se van logrando.
Es conveniente tambièn abrir a todos la posibilidad de una participación consultiva (por ejemplo a travès de encuestas de opinión, o pidiendo sugerencias o una evaluación de los avances a los que se va llegando) a fin de obtener ideas y sugerencias pero tambièn para poder medir el posible impacto de los acuerdos transitorios antes de llevarlos a la pràctica. Este nivel de participación, al influir y condicionar las decisiones –aunque no las determine- facilita la construcción del consenso.
Esta participación consultiva puede realizarse a nivel personal, o a travès de òrganos de representación, que cuando estàn organizados y funcionan adecuadamente facilitan enormemente esta tarea. Supongamos que nos encontramos en una escuela de nivel medio, en cualquier polimodal: que todos los alumnos participen directamente de la elaboración del reglamento puede ser una misión imposible. Pero, si contamos con un Centro de Estudiantes bien organizado, cada grupo de clase puede discutir sus diversos puntos de vista y posiciones y hacer sugerencias, que el delegado del curso llevarà al Cuerpo de Delegados. En este cuerpo se discutirán las posiciones aportadas, se construirán nuevos acuerdos, y se sentarà la posición que defenderà el Centro de Estudiantes. Los representantes del centro ante el Consejo Consultivo pueden llevar allì estas decisiones, que se confrontaràn con las que aporten los profesores a travès de sus representantes (que habràn seguido, por ejemplo, la vìa de reunirse primero por Departamentos, y luego entre sì los Jefes de Departamento), el o los representantes de los preceptores, los representantes por la Cooperadora o el Centro de Padres (que pueden haber hecho tambièn sus reuniones por cursos, y luego entre delegados de cada grupo), etc. Si bien esta forma de participación consultiva parece un proceso engorroso de llevar a cabo, y menos eficiente que reunir a una comisión autàrquica para que tome todas las decisiones según su buen parecer, permite ir avanzando en la construcción de acuerdos lo màs consensuados posibles, lo que seguramente nos evitarà unos cuantos conflictos posteriores.
En el nivel decisorio la participación es directamente sobre la toma de decisiones. En muchas instituciones este nivel es de competencia exclusiva del personal directivo, pero seguramente el reglamento quedarà enriquecido si se abre a todos los grupos el espacio de participación. Si hemos seguido vìas de consulta como la del ejemplo anterior, el ùltimo grupo consultivo serìa el grupo decisorio natural, en el que toda la comunidad se sentirìa representada. Serìa una pèrdida enorme, y una muestra de poca inteligencia, promover una consulta de tal envergadura para reservarle al equipo directivo la exclusividad de la ùltima palabra en la redacción del reglamento.
Si seguimos estas recomendaciones respecto de la participación sì podremos hablar de un verdadero Acuerdo de Convivencia.

2. ¿Por dònde podríamos comenzar? Quizás uno de los puntos màs fáciles de abordar respecto de la convivencia sea el Manual de Misiones y Funciones. Se trata del enunciado de las obligaciones y derechos de todos los integrantes de la institución: personal directivo, (representante legal, comunidad religiosa o entidad propietaria cuando corresponda), personal docente, administrativo, auxiliar, padres y alumnos. Algunas de las preguntas para guiar la reflexión de los grupos de consulta, podrían ser:
· ¿Què esperamos de... (los directivos, los profesores, los padres, etc)?
· ¿Què derechos les reconocemos?
· ¿Cuàles sentimos que son nuestros derechos, en general y en relación con cada uno de ellos (directivos, profesores, padres, etc)?
· ¿Y nuestras obligaciones, en general y en relación con cada uno de ellos?

Màs específicamente respecto del Acuerdo de Convivencia, podríamos preguntarnos:
· ¿Cuàles son los valores que desde esta institución intentamos promover?
· En consecuencia, ¿cuàl es la actitud personal que le pedimos a... (los directivos, los profesores, los padres, etc.)
· ¿Què faltas consideramos graves?
· ¿Què tipos de sanciones creemos que deberían tenerse en cuenta para estos casos?
· ¿Què progresión creemos de deberìa seguirse en las sanciones, en los casos de reincidencia?
· ¿Què condiciones consideramos que deben reunir los alumnos para posibilitar su reinscripción?

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